26 oct 2009

Hugo Chávez ¿Libertador?


Después de una clase de Estructura de la Información -asignatura que estudia las relaciones entre medios de comunicación, poder, economía, etc.- en la que se ha considerado "normal" que en Venezuela no renueven la licencia de determinados medios de comunicación ("no renovar no es cerrar") me ha picado la curiosidad por conocer un poco mejor, y a través de medios neutrales (si existen), qué motivos usa el gobierno de Chávez para no permitir la existencia de un medio.

En la clase se ha comparado a España o Francia con Venezuela. En efecto, en todos estos países es el Estado el que concede o deniega las licencias de difusión de radio y televisión. Pero ¿acaso en nuestro país "no renuevan la licencia" de medios por caprichos gubernamentales (en especial radiotelevisiones nacionales? Lo veremos más adelante.

Según informaciones de Reporteros Sin Fronteras (no creo que tengan una clara inclinación ideológica como sí parecen tenerla otros medios), treinta y cuatro medios audiovisuales no han podido continuar sus emisiones por "razones administrativas". El 1 de agosto de 2009, el gobierno venezolano y bolivariano retiró su concesión a treinta y cuatro emisoras de radio y televisión y anunció que 200 más corren el mismo riesgo. Los motivos que dan desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) son de carácter técnico-administrativas, al no poder demostrar los propietarios de los medios de comunicación afectados que eran realmente los titulares de las licencias.

Desde hace unos años, no es extraño asistir a "no renovaciones" (sería más fácil decir "cierre", pero hay que ser políticamente correcto) de medios de comunicación. Pero en los últimos meses se ha acrecentado este proceso. En consonancia, el 30 de julio de este año la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prevé condenar de manera severa a los autores de delitos mediáticos. En sus propias palabras "es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Pido que se ponga un límite a este derecho". La ley endurecería las penas ya existentes contemplando la cárcel en más supuestos. Y los criterios, de lo más subjetivos: información falsa, manipulada o deformada, así como cualquier noticia que "perjudique los intereses del Estado" u ofendan "la moral pública y la salud mental" (¿y eso qué es?) pueden costar a un periodista una condena máxima de cuatro años de prisión. Del mismo modo, el negarse a revelar fuentes (principio básico de la libertad de información) podrá sancionarse con entre seis meses y cuatro años de prisión.

Anecdótica fue también la expulsión del periodista español y eurodiputado por el PP Luis Herrero por unas declaraciones un día antes del referéndum de 2009 -en las que participaba en calidad de observador-. A petición de la Cancillería y el Gobierno, se le expulsó del país por criticar públicamente los horarios del proceso electoral y por llamar "dictador" a Chávez.

Según el periodista, entre 15 y 20 policías de inteligencia lo metieron en una camioneta hasta ordenarle la salida de Venezuela. Quizás sus comentarios estaban fuera de lugar y violaban la normativa de observador, pero ¿acaso no era una oportunidad para Chávez de mostrar que no es un dictador y hacer caso omiso a las voces críticas?

Las comparaciones son odiosas pero, en menor medida, este tipo de medidas no son del todo ajenas en España. Sin ir más lejos, el Consell Audiovisual de Catalunya renovó en 2008 las licencias de forma sospechosa, dejando fuera solicitudes de SER, COPE, Onda Cero o Punto Radio y beneficiando a la católica y nacionalista Radio Estel (misteriosamente emisora que había dirigido el consejero delegado del CAC). Pero la entrada ya es suficientemente larga y se hablará de ello en otro artículo.

22 oct 2009

Bye bye libertad de expresión

Esta entrada no trata estrictamente sobre periodismo, sino sobre cine. Pero tanto uno como otro comparten un factor común: la libertad de expresión. El periodista "debería" actuar libremente igual que el cine "debería" crear artísticamente en libertad. En la información nos hartamos de ver ejemplos de cómo se saltan los principios defendidos por Milton y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y en el cine, muy a mi pesar, también.

Acabo de leer una noticia en Europa Press de la que, pese a estar acostumbrado, no puedo dejar de sorprenderme. La Generalitat, en su cruzada abierta contra el castellano, sancionará a las grandes distribuidoras cinematográficas que no doblen al catalán un porcentaje determinado de sus películas. La medida no es nueva: desde la llegada al poder del PSC (¿PSOE? no creo) la ofensiva contra la lengua común del Estado no ha cesado. Primero fueron las multas a los comercios que no rotularan en catalán (sí es posible, por el contrario SÓLO rotular en catalán), cuando en todo país democrático cada uno debería rotular en la lengua que le diera la real gana. Luego fue la ley de educación que limitaba a dos (¿alguna vez fueron más?) las horas de castellano en las escuelas. Y ahora el objetivo es el cine. Ya Jordi Pujol, el adalid de las libertades, intentó una medida similar a principios de esta década, pero la posible huelga de las "majors" echó para atrás el proyecto (el Govern quería, entre otras, que doblaran la primera entrega de Harry Potter al catalán, y ante la amenaza de la Warner de no estrenarla en Cataluña y la crítica de miles de fans catalanes, recularon).

La nueva Ley de Cine de Cataluña obligará a las grandes distribuidoras (Warner, Disney, Fox, etc) a estrenar el 50% de sus películas en catalán, ya sean dobladas o subtituladas. Si no lo hicieran así, deberían abonar entre 1.000 y 5.000 euros por copia exhibida, además de entregar la mitad del beneficio que generen las copias estrenadas "ilegalmente" (no sé por qué esa palabra me suena a persecución nazi) en la lengua de Cervantes. Se trata de una ley que sólo afectará a las grandes distribuidoras no europeas, cuya lengua original no sea el castellano ni el catalán. Es decir, quedarán exentas las producciones de la "nación vecina", España.

Asimismo, la Ley, en pos de la cultura catalana y europea, también prevé sanciones de hasta 75.000 euros (una cifra que al Govern le parecerá escasa, teniendo en cuenta los 160.000 euros que cobra el ilustrísimo Señor Montilla) a las salas que excedan el incumplimiento de proyectar películas comunitarias en más de un 60% y 40.000 (que vendrían a ser un tercio del sueldo que cobraba Carod Rovira, de 123.000 euros) a los que lo sobrepasen en un 30%. La ley se llevará al Parlament el próximo verano y, una vez aprobada, dará un plazo de cuatro años a las distribuidoras para prepararse.

El objetivo del la ley es incluso elogiable: preservar el catalán como lengua (co)oficial de Cataluña y patrimonio cultural de España. Sin embargo, el instrumento no podía ser más fascista (qué paradógico resulta que esa misma palabra sea la que frecuentemente llena las bocas de tantos militantes revolucionarios...). Para bien o para mal, el cine es una empresa, del mismo modo que lo es la información o el deporte. Y como tal, en una economía de libre mercado, resulta indefendible que se tenga que imponer a un empresario lo que debe comercializar. Absurdo resultaría que a un librero le dijeran qué libros puede o no vender o a una productora discográfica qué cantantes debe apoyar.

Pero así están las cosas. Seguramente a mucha gente que no es catalana (ni siquiera a la mayoría de catalanes) les importe tres cuartos una ley como ésta. Tampoco muchos medios se harán eco de la noticia (o los que lo hagan, serán tildados de derechistas, como suele pasar) o lo harán elogiando el progreso que ello representa. Pero cuántos capítulos de censura y represión comenzaron así.
Más datos:

21 oct 2009

Comienza el combate: Obama Vs. Fox News

Rupert Murdoch nunca se ha caracterizado por su apoyo a los demócratas norteamericanos. Su conglomerado informativo no dudó en defender la guerra de Irak y convertir en enemigo número uno a Irán, cuya producción nuclear sirve para mantener el miedo, un elemento que siempre atrae a la audiencia. Desde la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, Fox News, canal especializado en noticias perteneciente a Murdoch -como tantos otros- han sido frecuentes las críticas lanzadas al presidente de la nación más poderosa del mundo. Una agresividad informativa que no esconde en absoluto la preferencia por los republicanos y la derecha más dura de EEUU.

La novedad en el tradicional choque entre Fox News y los demócratas es que, después de meses de críticas, la Casa Blanca contraataca. La Administración Obama ha respondido con la misma arma que su oponente: la información (palabra que, por otra parte, le queda grande tanto a lo que hace Fox News como a la iniciativa del Gobierno estadounidense). En este caso, no con periódicos de gran tirada ni noticiarios televisivos de audiencia masiva, sino con un blog.
Que la guerra entre ambos ha comenzado no es una especulación. La propia directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Anita Dunn, afirmó en una entrevista a The New York Times que de ahí en adelante tratarían a la cadena "como a un oponente". En respuesta, el director ejecutivo de la emisora, Robert Clemente, ha acusado a Obama de "declarar la guerra a un medio de comunicación".
Entre las armas, la nula aparición de Obama en la cadena (aunque no se rechaza una futura entrevista) y, como novedad, la creación de un blog donde denunciar las "mentiras de la Fox". En el blog (Fox Lies) se comparan las noticias del canal y la "realidad" de la Casa Blanca.
Sin embargo, no podemos quedarnos en lo superficial. Lo cierto es que ambas partes se benefician del enfrentamiento. Para hacernos una idea de cómo el interés económico se superpone siempre al ideológico, días atrás trascendió que Murdoch estaba interesado en "apadrinar" la candidatura de Obama, porque, según el magnate, éste vendía más periódicos. Desde que se inició el enfrentamiento (tras la victoria de Barack Obama) la audiencia de Fox News ha aumentado en un 20%. La Casa Blanca, por su parte, se gana con este tipo de acciones el favor de los más progresistas.
La situación no es para nada ajena. Política y poder siempre han ido unidos o enfrentados, en beneficio de ambos. En España, sin ir más lejos, siempre hemos tenido el enfrentamiento Prisa-PP y COPE-PSOE, por ejemplo. La radicalización, aunque nunca es buena socialmente, siempre lo es económicamente.
Más información:
- "Rupert Murdoch y Barack Obama se declaran la guerra". Ricard González (El Mundo, 21/10/2009)

- "Obama declara la guerra a Fox News". (El País, 21/10/2009)

14 oct 2009

¿Qué pasó con Antena 3 Radio?

Para los que tenemos menos de 30 años, quizás nos resulte raro escuchar eso de Antena 3 Radio. Acostumbrados a la cadena de televisión privada con el mismo nombre, no tenemos constancia de que en la actualidad haya ninguna emisora llamada así. Aunque ha pasado relativamente poco (unos 15 años), la sociedad –o más bien, el resto de medios de comunicación- han enterrado ya la historia de la radio que llegó a hacer sombra a Cadena SER y que precisamente ésta engulló como un pez grande a uno pequeño.
Antena 3 Radio –primer paso para la idea, más ambiciosa, de una cadena de televisión privada- se creó en 1989 por el Grupo Godó (La Vanguardia) con el 51%, Prensa Española (hoy Vocento) con el 13%, Manuel Martín Ferrand (5%), Europa Press y el Grupo Zeta. Habían obtenido la licencia en 1979, con el Plan Técnico de Radiodifusión, que le había concedido 75 postes emisores.

Durante una década de ascenso, sumó 79 emisoras en propiedad y otras tantas con acuerdos, hasta llegar a las 150 emisoras por toda España. Además de las generalistas (unas 120), se especializó en música con emisoras de éxito como Radio 80 Serie Oro y Radiolé. En 1989 llegó a ser la primera compañía de medios de comunicación en cotizar en Bolsa en España. Con las bases bien asentadas, fue accionista fundadora del sueño inicial de sus creadores: Antena 3 de Televisión S.A., una de las tres empresas que recibieron la licencia televisiva en 1989.

En 1992 logró convertirse en la emisora más escuchada de España, superando a la hegemónica Cadena SER. Según el EGM, consiguió 3.139.000 oyentes frente a los 3.007.000 de la SER. Sin embargo, la radio de PRISA no se iba a dejar ensombrecer por una recién llegada y pronto atacaría como mejor sabe –o sabía, pues ahora no está la cosa como para hacerlo-: introduciendo sus tentáculos en su principal rival. Paralelamente, el Grupo Zeta, encarnado en Antonio Asensio, lograría el control Antena 3 Televisión con el apoyo de Banesto. La emisora, que había logrado el éxito gracias a figuras como José María García, Antonio Herrero, Nieves Herrero, Luis Herrero, Jiménez Losantos o Gomaespuma, entraba en un círculo de ambiciones y presiones del que no podría salir jamás.
En ese mismo año, Jesús Polanco, presidente del Grupo PRISA, hizo una oferta al conde de Godó, principal inversor, iniciándose una operación ilegal. Las estrellas de la cadena, contrarios a la venta (José María García, Antonio Herrero) no dudaron en marcharse a otras emisoras. El primer paso para la desaparición de la emisora vendría con la fusión de Radio 80 (A3 Radio) y Radio Minuto (SER), creándose M-80 Radio. En 1993 se crea Unión Radio, que asume la gestión de Antena 3 Radio y SER, con un capital del 80% de PRISA y un 20% del Grupo Godó. El expediente de concentración obtuvo, curiosamente, el visto bueno del ministro socialista de Economía, Carlos Solchaga. Así, PRISA ordenaba la disolución total de Antena 3, cuyos postes pasaron a emitir íntegramente los espacios de la SER. De las 150 emisoras vinculadas a Antena 3, unas cuarenta buscaron otros acuerdos (COPE y Onda Cero) y otras emitireron en solitario.

Políticamente la absorción supuso toda una tormenta. Pese a la oposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, el gobierno de Felipe González, reunido en Consejo de Ministros, permitía en 1994 la actuación de sus amigos de la SER. Los antiguos periodistas de A3 Radio, Martín Ferrand, José María García, Antonio Herrero, Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez, etc., interponían por ello un recurso contra la decisión del gobierno; la sentencia, dictada por el Supremo en 2000, daba la razón a los demandantes. Por supuesto, PRISA recurrió ante el Constitucional. Pese al silencio del gobierno (por entonces ya de Aznar), el TC finalmente ratificó la sentencia del Supremo. En 2001, el gobierno “popular”, tras un Consejo de Ministros, decidió exigir a PRISA el cumplimiento de la sentencia, lo que le obligaba a deshacerse de las 79 emisoras de Antena 3 Radio que le quedaban. En un plazo de dos meses, elaboraron el proyecto de desinversión de PRISA. No obstante, el ejecutivo del Partido Popular nunca llegó a exigir realmente el cumplimiento de la sentencia. Es más, la polémica sobre Antena 3 Radio pasó a un segundo plano frente a la tormenta causada por la creación y posterior fusión de Canal Satélite Digital (PRISA, con apoyo del PSOE) y Vía Digital (Telefónica, con apoyo del PP), en la llamada "guerra digital".
Pero todavía quedaban más sorpresas. Tras años de batallas legales, en 2005 se aprueba la ley de Medidas Urgentes para el impulso de la TDT y el fomento del Pluralismo, conocida como la “ley Polanco”. Gracias a una modificación legislativa que, para muchos, estuvo motivada por Jesús de Polanco y aprobada por un gobierno afín a PRISA (o el grupo al PSOE, según se vea), se invalidaba la respuesta del Constitucional a favor del pluralismo informativo y se aprobaba el antenicidio cometido por PRISA y defendido por el grupo de Polanco y Godó.
La pluralidad informativa es, constitucionalmente, una prioridad de los gobiernos. Unos gobiernos que, sin excepción, protegen a unos medios y hunden a otros. Comunicación y poder van de la mano y la historia de Antena 3 Radio es una clara muestra.

6 oct 2009

¿Qué hay detrás de los éxitos radiofónicos?

Cada semana, las radiofórmulas musicales más escuchadas de nuestro país, entre las que despunta Los 40 Principales, realizan una lista con las canciones más escuchadas, solicitadas e importantes del momento. La fórmula, de origen anglosajón y conocida como contemporary hit radio, es sencilla: cuarenta o cien (según la emisora) canciones de distintos -incluso a veces los mismos- artistas que suben o bajan según el público que las vota. Hasta aquí todo parece normal; sin embargo, muchas veces nos preguntamos por qué siempre son los mismos artistas, por qué canciones aparentemente insulsas perduran en los primeros puestos durante largas semanas o por qué, en el caso contrario, éxitos discográficos mundiales y que copan el top ten en las listas de ventas (más objetivas, como puede ser Promusicae en España) nunca llegan a sonar en estas radiofórmulas.

Los 40 Principales no duda en considerar su propia lista la de "las canciones más importantes del momento" ni en animar a sus oyentes (y lectores de la web) a votar, vía SMS, los temas que desean situar en su hot 40. El arraigo de esta emisora y de su lista es tal que nacional e internacionalmente se tiene como referencia del éxito de artistas y canciones en España. Sin embargo, ¿es verdaderamente fiable esta lista de éxitos? ¿eligen las discográficas los booms musicales de la temporada? La respuesta es sencilla: sí.

El primer paso, y el más evidente, es el de la selección de los temas candidatos. Los oyentes no votan cualquier canción de las existentes en ese momento, sino las que la radio les sirve en bandeja. Para ello, la emisora se reúne periódicamente con las discográficas que ofrecen, previo desembolso a la emisora, los singles de los artistas que desean promocionar. Así, cada cierto tiempo Los 40 hace públicas las candidatas a entrar en la lista. Supuestamente, los votantes hacen posteriormente el trabajo de elegir una de ellas.

Hasta aquí todo parece relativamente normal. Sin embargo, muchas veces se ha rumoreado sobre si el voto de los oyentes se tiene en cuenta o si son las propias emisoras, motivadas por las discográficas y sus "regalos", quienes suben y bajan los presuntos éxitos a su antojo.

Este fenómeno es el conocido como payola: pagar por emitir. Una estrategia tan seguida como oculta, que en Estados Unidos ya ha causado algún que otro quebradero de cabeza. Ya en 1960 una ley del Congreso estadounidense prohibió a las emisoras musicales aceptar dinero de las discográficas por repetir insaciablemente determinadas canciones. Sin embargo, fue en 2005 cuando la fiscalía de Nueva York abrió una causa contra Sony BMG que acabó en un pacto extrajudicial por el que el gigante musical pagó 10 millones de euros. Cuatro grandes emisoras de radio -CBS Radio, Entercom, Clear Channel y Citadel- también tuvieron que pagar 12,5 millones de dólares y prometer que jamás volverían a caer en la tentación.

En España, no obstante, el juego continúa siendo sucio. Y no sólo participan las discográficas y las emisoras: detrás del mundo musical español está la alargada sombra de la SGAE, sociedad sin ánimo de lucro nacida para proteger a los artistas, y a la que beneficiaría, en última instancia, la práctica del payola. Cuanta más promoción encubierta, más discos vendidos, más conciertos y, por tanto, mayores recaudaciones para la Sociedad General de Autores.

Más información:

- "La trampa de las discográficas para lanzar los singles de sus artistas". José Luis de Haro, El Economista (15/05/2007)
- "La discográfica de Sony, condenada por sobornar a las radiofórmulas". Daniel del Pino. Informativos Telecinco (26/07/2005)

1 oct 2009

¡Bienvenido a la Trastienda!

¿Por qué la Trastienda? Porque en este blog podremos saber un poco más de lo que hay detrás de los focos, las cámaras, los ordenadores, los micrófonos, las imprentas y todo el mundillo del periodismo. Una profesión llena, literal y metafóricamente, de luces y sombras, de mitos y prejuicios, de sueños y frustraciones. A través del ojo crítico de un periodista en potencia, la Trastienda del Periodista espera poder desgranar algunas de las claves de la producción periodística actual y pasada.
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